Las Provincias 19.02.11
Los criminólogos tienen uno de sus cometidos más importantes en la evaluación del riesgo y la supervisión de víctimas y agresores
La última mujer muerta por violencia de género se llama Susana María Galeote. Fue asesinada el miércoles por su ex pareja en Málaga. El homicida tenía una orden de alejamiento en vigor y atacó a su víctima en plena calle con un machete cuando ella volvía de dejar a la hija de ambos en el colegio. La pareja estaba en trámites de separación y él había sido condenado en julio del año pasado en un juicio de conformidad a ocho meses de cárcel por amenazas y a otros seis por maltrato. Se le impuso además una pena de 32 meses de alejamiento y privación de tenencia de armas.
La sentencia acordaba la suspensión de la pena de prisión, condicionada a que siguiera cursos en materia de igualdad. A la víctima se le había denegado el servicio de teleasistencia móvil el pasado mes de agosto al considerarse que su riesgo era bajo, es decir, que probablemente la Policía no tuvo en cuenta la sentencia y por ello no modificó la valoración inicial del riesgo.
En España tenemos miles de profesionales de la Criminología, producto de unos estudios que gozan de gran popularidad en varias universidades. La Universidad de Valencia es una de las más antiguas en ofertar este título, y todos los años los profesores de esta carrera tenemos que hacer de tripas corazón para responder a su eterna pregunta: ¿dónde puedo encontrar un trabajo como criminólogo?
La valoración del riesgo de una víctima no debería ser cometido de la policía. El riesgo no es algo estático, sino dinámico, y cambia de acuerdo con las circunstancias del conflicto que enfrenta a la pareja. Aunque se disponga de un instrumento de valoración del riesgo de agresión, hay que saberlo actualizar y matizar, y eso requiere un conocimiento especializado y una cercanía a los hechos por los que atraviesa cada día una mujer amenazada. Además, sería importante someter a supervisión a los agresores de acuerdo con ese nivel de riesgo en permanente revisión. Los criminólogos bien podrían encargarse, primero en los juzgados y luego en la calle, de realizar ambas funciones. Esto mismo podría extenderse a otros sujetos imputados o condenados, como los delincuentes sexuales.
No acabo de entender por qué los ciudadanos han de costear unos estudios universitarios si luego no se propician los empleos necesarios para recoger los frutos de esa formación. Los criminólogos tienen uno de sus cometidos más importantes en la evaluación del riesgo y la supervisión de víctimas y agresores. Su ayuda en los juzgados y en los centros de atención a las víctimas sería inestimable. También podrían gestionar un programa de seguridad ciudadana en muchos municipios, ayudando a desarrollar planes rigurosos y evaluables. No entiendo la razón de este inmenso despilfarro.
El lunes 9 de mayo de 2011 la "Associació Catalana de Criminòlegs" (ACC) presentó ante el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, administración competente en materia de aprobación de colegios profesionales, la solicitud de creación del Colegio Oficial de Criminólogos de Catalunya.
